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 As se cierra una 'web' de descargas |
05/01/2010
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 La Comisin de Propiedad Intelectual tramitar las denuncias y establecer un sistema de alegaciones y avisos para las pginas antes de llevarlas al juez.
Las pginas web que voluntariamente retiren los contenidos protegidos por derechos de autor que hayan colgado en Internet sin autorizacin no sern penalizadas con ninguna sancin. Esta es una de las garantas que se quiere otorgar a las webs en el procedimiento que prepara el Gobierno para regular las descargas de Internet.
El Ejecutivo confirm ayer que el Consejo de Ministros del prximo viernes, da 8, estudiar la frmula que desarrollar la normativa "antipiratera" contenida en la disposicin final de la Ley de Economa Sostenible. El procedimiento a seguir combina un proceso de autorizacin judicial muy rpido para el cierre de webs denunciadas -menos de un mes, incluso 24 horas- con otro proceso administrativo previo, ms garantista, en el que los responsables de las pginas podrn hacer alegaciones, proceso ste que puede prolongarse hasta tres meses.
En todo el procedimiento, el rgano clave ser la futura Comisin de Propiedad Intelectual, un organismo administrativo dependiente del Ministerio de Cultura e integrado por expertos independientes (ex magistrados, abogados expertos en propiedad intelectual y autoridades de Internet). Ella ser la encargada de presentar la peticin de medidas cautelares ante el juez, y de recibir y tramitar las denuncias de los propietarios de los derechos de autor vulnerados.
El proceso para el bloqueo de una web se iniciar precisamente cuando estos propietarios de derechos -una productora cinematogrfica, una discogrfica o el mismo autor de una cancin- denuncien ante la Comisin a la pgina que presuntamente est comercializando, almacenando o enlazando sin autorizacin un archivo suyo, ya sea una pelcula, un lbum musical o un videojuego. La Comisin entonces estudiar el caso y comprobar si se estn infringiendo esos derechos. Acto seguido notificar a la web la denuncia y se abrir un periodo de alegaciones para los responsables de la pgina. Una vez estudiadas esas alegaciones, si la Comisin entiende que no son suficientes, notificar oficialmente a la web que desaloje los archivos de los que est haciendo un uso ilcito y le dar un plazo para ello, dando por finalizado el proceso administrativo.
Si no hay rectificacin, entonces -y slo entonces- la Comisin podr solicitar ante el juez medidas cautelares que consistirn en "la interrupcin de la prestacin de los servicios de alojamiento o almacenamiento de datos" en el caso de pginas nacionales (es decir, el cierre), o el bloqueo a sitios web extranjeros con contenido ilcito que debern llevar a cabo los operadores nacionales de acceso a Internet (Telefnica, Vodafone, Orange, Ono, Jazztel, etctera).
El juez no entra en el fondo del asunto, sino que slo decide si la Comisin es pertinente para pedir el cierre de la web en cuestin, y si con sta no se vulnera algn derecho fundamental, como por ejemplo, el derecho a la informacin o a la libertad de expresin. En esta fase judicial del caso, los plazos se reducirn al mnimo. Desde que la Comisin lleve al juez el caso hasta que ste ordene o deniegue medidas cautelares transcurrirn das, pero, en cualquier caso, menos de un mes. Ambas partes podrn dilucidar luego, en un procedimiento judicial ordinario, el fondo del asunto.
La salomnica frmula elegida por el Gobierno intenta contentar a todas las partes. A la industria cultural -representada por la llamada Coalicin de Creadores-, ofrecindole como reclamaba un procedimiento rpido para impedir las descargas no autorizadas; y a la comunidad internauta, introduciendo la autorizacin judicial previa. De paso, hara realidad la promesa del presidente, Jos Luis Rodrguez Zapatero de que "no se cerrar ninguna web sin decisin judicial".
El primer problema que plantea esta solucin es el procedimiento. El Ejecutivo entiende que no es preciso modificar ninguna ley y pretende introducir este mecanismo en un reglamento que desarrolle la disposicin final de la Ley de Economa Sostenible, en el que se fijen los plazos definitivos y la composicin y funciones de la Comisin de Propiedad Intelectual.
sta es una de las principales dudas que plantea el proyecto entre juristas y expertos de Internet. "No es suficiente con que las garantas para las webs vayan en un reglamento; deben constar en una ley, en este caso, en la Ley de Economa Sostenible. Los reglamentos no pasan por el Parlamento. Adems, quin dice que ese reglamento no va a ser modificado por el Gobierno en un tiempo y van a desaparecer las garantas de tutela judicial?", seala Julio Alonso, director general de Weblogs.
Entre la satisfaccin y el recelo
El PP ha descubierto en el tema de las descargas un caladero poltico que est dispuesto a explotar hasta la esquilmacin, aunque para ello caiga en contradicciones evidentes. Su portavoz, Esteban Gonzlez Pons, en declaraciones a Efe, puso en duda que el Gobierno tuviera intencin de introducir la tutela judicial previa en el proceso, y atribuy la noticia a un "globo sonda" y a "una filtracin interesada" a EL PAS. Ms tarde, el portavoz de Cultura del PP, Jos Mara Lassalle, calific de "razonable" que el Gobierno "rectifique" y apueste por exigir autorizacin judicial, informa EP.
La secretaria de Innovacin del PSOE, Mara Gonzlez Veracruz, tras tachar de "irresponsable" y "poco digna" la actitud de Pons, le record que los eurodiputados populares apoyaron en noviembre en Estrasburgo la retirada de la enmienda de la directiva que impeda cerrar webs sin orden judicial previa (por cierto, retirada tambin suscrita de forma entusiasta por el Grupo Socialista y hasta por el Partido Pirata sueco).
En el mundo de Internet, profesionales, blogueros y expertos consideran que el Gobierno ha dado marcha atrs pero no lo suficiente, y que sera preciso retirar previamente la disposicin final de la Ley de Economa Sostenible o, al menos, incluir en ella (y no en un reglamento) la orden judicial cautelar.
En el otro lado, la Coalicin de Creadores cree que es un paso en la buena direccin. "Lo que nosotros pretendemos es que haya un proceso muy garantista con las webs y nos parece ptimo que exista esa garanta judicial. Respecto a los plazos, lo que no puede ser es lo que pasa ahora: crear una pgina web ilegal cuesta un da y cerrarla, por la va administrativa o judicial ordinaria, seis aos", dijo su portavoz, Joan Navarro.
(Elpais.com)
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