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 Palma demandar a varias compaas telefnicas por sus 'clusulas abusivas' |
18/02/2010
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 * Movistar, Vodafone, Orange y Yoigo son algunas de las compaas afectadas.
* Exigen que se retiren las 'listas de morosos' y la caducidad de las tarjetas.
* Tambin se les solicitar que depositen los contratos en el Registro General.
El Ayuntamiento de Palma se convertir en el primero de Espaa en demandar a varias compaas de telefona mvil, concretamente, a Movistar, Vodafone, Orange, Yoigo, Euskaltel, Carrefour Mvil, Pepephone, Simyo, Ms Mvil y RACC Mvil por sus "clusulas abusivas" que "vulneran los derechos de los consumidores".
As lo ha anunciado en una rueda de prensa la regidora de Consumo, Joana Maria Borrs, quien explic que esta misma semana, el Instituto Municipal de Proteccin del Consumidor enviar una carta a las citadas compaas instndoles a que retiren las clusulas de permanencia; la imposicin de plazos de preaviso para la extincin del contrato y la falta de informacin sobre los datos de contacto del operador.
Asimismo, se les exigir que pongan fin a su facultad de inclusin de los clientes en ficheros de 'solvencia patrimonial' o 'morosos'; la caducidad de las tarjetas prepago y la prdida del saldo de las mismas, mientras que tambin se les solicitar que depositen los contratos en el Registro General, teniendo en cuenta que slo Orange lo hace.
Una vez enviadas estas misivas, el Consistorio de Palma dar un plazo de diez das a estas operadoras de telefona para que "subsanen y retiren estas clusulas abusivas", de forma que si no lo hacen, se les convocar a un acto de conciliacin en sede judicial, con el fin de intentar lograr un acuerdo entre las compaas y la institucin municipal.
En caso de que decidan no acudir al acto de conciliacin, el Instituto Municipal de Proteccin del Consumidor demandar entre mayo y junio ante los tribunales a Movistar, Vodafone, Orange, Yoigo, Euskaltel, Carrefour Mvil, Pepephone, Simyo, Ms Mvil y RACC Mvil, convirtindose as en la primera institucin de todo el Estado en personarse directamente contra estas compaas telefnicas.
El gerente del citado Instituto Municipal, Xabier Pascuet, critic que los contratos de la mayora de compaas de telefona mvil "no se ajustan a la legalidad vigente", como la Ley General de Telecomunicaciones y la Ley del Estatuto de Consumidores y Usuarios de la Comunidad Autnoma de Baleares.
Asimismo, aadi que la demanda que presentar el Ayuntamiento se fundamentar tambin en el Real Decreto que aprueba el Reglamento sobre las condiciones para la prestacin de servicios de comunicaciones electrnicas, el servicio universal y la proteccin de los usuarios; el Real Decreto que aprueba la Carta de los Derechos del Usuario de los servicios de comunicaciones electrnicas y el Real Decreto que aprueba la Ley General para la defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias.
A la demanda pionera en Espaa se sumarn diferentes organizaciones de consumidores, como Ausbanc, la Federacin Palmesana de Asociaciones y Entidades Ciudadanas de Palma (FEPAE) y la Asociacin de Consumidores de las Islas Baleares (Acuib), entre otras.
Pascuet detalla que estas denuncias se interpondrn, despus de que el Instituto Municipal de Proteccin del Consumidor haya estado fiscalizando las condiciones generales que las compaas de telefona mvil tenan en vigor en el mes de octubre de 2009, constatando as la existencia de una serie de "irregularidades", as que podran vulnerar la normativa, lo que podra determinar la "nulidad" de las clusulas por "abusivas".
Como ejemplo de ello, ha puesto que los plazos de preaviso de un cliente a su compaa telefnica de la que quiere darse de baja es de slo dos das, si bien las operadoras imponen un plazo mnimo de 15 das, durante los cuales continan cobrndoles el uso del mvil, a pesar de que el consumidor ya pertenece a otra empresa.
Dos aos para conocer la sentencia
Por su parte, Borrs ha admitido que una vez interpuestas las correspondientes denuncias, los tribunales civiles tardarn un plazo de entre un ao y medio o dos en dictar la sentencia y dar o no la razn al Consistorio, si bien remarc que la decisin judicial no afectar nicamente a los contratos de miles de ciudadanos de Palma, sino de millones de toda Espaa.
La regidora recuerda que el Consistorio puede presentar estas denuncias, gracias a la normativa que entr en vigor en 1998 y que permite a cualquier administracin espaola con competencias en materia de consumo plantear demandas judiciales contra empresas privadas, con el fin de defender los derechos de los ciudadanos.
Por ello, reconoce que le hubiera gustado que este tipo de demandas las hubiese puesto el Instituto Nacional de Consumo, que es el rgano que tiene esta competencia en el Estado, mientras que, por otro lado, afirm que tambin deseara que el resto de municipios se sumara a la iniciativa del Consistorio de Palma para lograr una mayor fuerza en los tribunales frente a las empresas de telefona mvil, de cara a obligarlas a eliminar las prcticas "abusivas".
(Elmundo.es)
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