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 El tribunal de la UE respalda el derecho al olvido en Internet |
13/05/2014
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 La justicia europea defiende el derecho al olvido. El Tribunal de Justicia de la Unin Europea (TJUE) ha fallado hoy que en determinadas condiciones los buscadores estn obligados a eliminar de su lista de resultados (obtenida tras una bsqueda con el nombre de una persona) los enlaces a pginas web publicadas por terceros que contengan informacin relativa a esa persona. El alto tribunal precisa que el interesado debe presentar su solicitud directamente al gestor del motor de bsqueda (Google, Yahoo, Bing o cualquier otro), que deber examinar si es fundada. En caso de que el buscador no acceda a retirar la informacin, la persona afectada podr acudir a la autoridad de control o a los tribunales con el fin de que estos lleven a cabo las comprobaciones necesarias y, en su caso, ordenen al motor de bsqueda la retirada de la informacin. Es decir, el TJUE abre la puerta a un examen caso por caso de cada una de las reclamaciones presentadas a cualquier buscador. El Tribunal de Luxemburgo se pronuncia as sobre el denominado derecho al olvido en el litigio que enfrenta a la Agencia Espaola de Proteccin de Datos (AEPD) y a Google.
El fallo del Tribunal de Luxemburgo tiene incidencia en dos centenares de casos en los que se reclama el derecho al olvidoy que estn congelados en la Audiencia Nacional a la espera de la resolucin dictada hoy martes.
Tras conocer el contenido de la sentencia, Google ha afirmado que la decisin del Tribunal de Luxemburgo es "decepcionante" para los motores de bsqueda y editores online en general. "Estamos muy sorprendidos de que difiera tan drsticamente de las conclusiones del abogado general y de las advertencias y las consecuencias que ya identific. Vamos a dedicar tiempo, desde este momento, para analizar las implicaciones de dicha decisin", ha asegurado un portavoz de la compaa.
En realidad, el TJUE resuelve las cuestiones prejudiciales planteadas por la Audiencia Nacional en un caso que se inici hace seis aos. El proceso comenz cuando el abogado Mario Costeja recurri a la AEPD para que Google retirara una informacin publicada en el diario La Vanguardia con enlaces a una subasta de inmuebles relacionada con un embargo por deudas a la Seguridad Social. Pese a que este asunto estaba ya saldado, Costeja segua apareciendo en el buscador. La Agencia de Proteccin de Datos inst al gigante de California a eliminar de sus resultados de bsqueda enlaces en los que se haca referencia a datos personales. Google recurri esta decisin ante la Audiencia Nacional y ah comenz la larga batalla en el tribunal de la UE. Era una decisin injusta que pona en juego la neutralidad y la transparencia del buscados, explicaban fuentes de la multinacional.
Al teclear en Google el nombre de Mario Costeja, el buscador remita en primer lugar a una pgina de La Vanguardia de 1998 que recoga un anuncio de una subasta de inmuebles por embargos. Adems de estar solventado haca aos, el caso haba dejado de tener relevancia pblica. La AEPD, sin embargo, dio la razn a La Vanguardia porque la publicacin de los datos tena una justificacin legal, pero su posicin frente a Google Spain fue diferente. Le reclam que retirara los datos.
Para la AEPD, el pronunciamiento del alto tribunal, que tiene la ltima palabra en lo concerniente a la interpretacin del derecho de la Unin Europea, "clarifica definitivamente el rgimen de responsabilidades de los buscadores de Internet en relacin con la proteccin de los datos personales y pone trmino a la situacin de desproteccin de los afectados generada por la negativa de la compaa Google a someterse a la normativa espaola y europea reguladora de la materia".
En contra del fallo emitido hoy, en julio del ao pasado, el abogado general de la UE, Niilo Jskinen, dio la razn al buscador al entender que no puede ser considerado responsable del tratamiento de los datos contenidos en las pginas web que procesa. La puesta a disposicin de una herramienta de localizacin de informacin no implica control alguno sobre el contenido incluido en pginas web de terceros, sealaba el abogado general. Por el contrario, en su sentencia el TJUE considera que al buscador responsable de la informacin que figura en la lista de resultados de una bsqueda y subraya que su actividad puede afectar significativamente a los derechos fundamentales de respeto a la vida privada y de proteccin de los datos personales. La justicia europea tampoco hace distincin alguna por el hecho de que la empresa matriz del buscador est radicada en un pas extracomunitario ya que la publicidad de la que se nutre figura en los resultados de bsquedas de internautas europeos.
Tras el juicio celebrado en la Audiencia Nacional, el tribunal espaol plante una cuestin prejudicial ante el Tribunal de la UE para saber el mbito de aplicacin de la normativa comunitaria y nacional en materia de proteccin de datos y si la actividad de Google encaja en el concepto de tratamiento de datos contenido en la directiva. Tambin planteaba si los derechos de supresin y bloqueo de datos incluyen la posibilidad de que el interesado puede dirigirse a los buscadores para impedir la indexacin de la informacin referida a su persona y la competencia de las agencias nacionales de proteccin de datos, como recuerda el abogado de Costeja, Joaqun Muoz.
El abogado general de la UE consideraba que los proveedores de servicios de motor de bsqueda en Internet no son responsables, sobre la base de la directiva sobre Proteccin de Datos, de los datos personales incluidos en las pginas web que tratan pero, en su opinin, la normativa nacional de proteccin de datos les es de aplicacin cuando establecen en un Estado miembro, a fin de promover y vender espacios publicitarios en su motor de bsqueda, una oficina que orienta su actividad hacia los habitantes de dicho Estado, aunque el tratamiento tcnico de los datos se realice en otro lugar.
El hecho de que Google Spain comercialice en Espaa la publicidad que aparece en las pginas de los internautas haca supone que la compaa deba ajustarse a la legalidad espaola. Pero la compaa siempre ha dicho aquella era una informacin lcita.
Pere Simn, profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Girona y experto en cuestiones relativas al derecho al olvido en Internet, califica la sentencia de sorprendente al haber virado de forma sustancial respecto a la opinin del abogado general de la UE. El impacto es muy importante: hay muchos casos pendientes de este fallo y la tendencia en el nmero de reclamaciones va claramente al alza, subraya. Hoy tenemos 200 casos sin resolver pero dentro de pocos aos este nmero aumentar exponencialmente. En contra de lo dictado por el tribunal europeo, Simn considera que la responsabilidad no es nicamente del motor de bsqueda, sino que debera ser compartida con el autor de la informacin original. Especialmente en el caso de las publicaciones en boletines oficiales, enfatiza. La entidad que publica la informacin dispone de herramientas suficientes para ocultar la informacin en los buscadores.
La sentencia del tribunal de Luxemburgo va en lnea con la corriente ms avanzada del Parlamento Europeo en materia de proteccin de datos. El proyecto de normativa aprobado recientemente por la Eurocmara a expensas del visto bueno definitivo de los Gobiernos nacionales reconoce por primera vez el derecho al olvido pero lo suaviza respecto a la propuesta inicial del Ejecutivo comunitario. En este contexto, es previsible que la sentencia tenga influencia sobre la prxima regulacin de la proteccin de datos, una de las grandes asignaturas pendientes para la legislatura que echar a andar tras las elecciones europeas del prximo da 25.
(Elpais.com)
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