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 Las desigualdades de la banda ancha |
10/02/2009
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EL ABOGADO DEL NAVEGANTE.Consulta.
Quera hacerle una consulta sobre las ofertas de los operadores. En las zonas ms alejadas de una central, la velocidad se reduce considerablemente, sobre todo con la llegada de nuevas tecnologas como ADSL2+, VDSL y FTTH. As que si vives cerca, tienes entre 10 y 20 Mb y desde que te montas en 3 Km. bajas un 1 Mbps. En el caso del cable, ocurre igual; ONO oferta menos megas en unas regiones que otras. Teniendo en cuenta que -en ambos casos- el precio es el mismo para el cliente, puede uno hacer algo jurdicamente? Qu se podra reclamar, si es que se puede?
El Abogado del Navegante analiza esta semana la discriminacin que sufren determinadas zonas territoriales en la cobertura de banda ancha.
El servicio universal en la Ley General de Telecomunicaciones
La Ley 32/2003, de 3 de noviembre, General de Telecomunicaciones, define en su artculo 22 el concepto de servicio universal:
Se entiende por servicio universal el conjunto definido de servicios cuya prestacin se garantiza para todos los usuarios finales con independencia de su localizacin geogrfica, con una calidad determinada y a un precio asequible.
A la hora de establecer lo que se garantiza dentro de este concepto, la ley seala que la conexin debe ofrecer al usuario final la posibilidad de efectuar y recibir llamadas telefnicas y permitir comunicaciones de fax y datos a velocidad suficiente para acceder de forma funcional a Internet. No obstante, la conexin deber permitir comunicaciones en banda ancha, en los trminos que se definan por la normativa vigente.
Es decir, que en lo relativo a las tecnologas de banda ancha como las que cita el internauta autor de la consulta de esta semana, la cobertura del servicio universal no es exigible por la ley, sino que queda pendiente de desarrollo en una normativa posterior.
La disposicin transitoria quinta se indispone transitoriamente
Ya en el ao 2005, se aprob el Real Decreto 424/2005, de 15 de abril, por el que se aprueba el Reglamento sobre las condiciones para la prestacin de servicios de comunicaciones electrnicas, el servicio universal y la proteccin de los usuarios.
La mencionada norma indica en su artculo 18, a la hora de definir las condiciones exigibles a los operadores que exploten redes pblicas de comunicaciones electrnicas, que los operadores debern cumplir las obligaciones de extensin y cobertura establecidas en la disposicin transitoria quinta de este reglamento.
Lo triste, esperpntico y casposo, reflejo de cmo se hacen las leyes en este pas, es que tal disposicin transitoria quinta no existe en el Reglamento, como se puede comprobar examinando el ejemplar del Boletn Oficial del Estado donde fue publicado.
Si alguien encuentra el sumidero espacio-temporal que se trag la disposicin transitoria quinta, que avise: la Comisin del Mercado de las Telecomunicaciones y dems autoridades implicadas, estarn sumamente agradecidas a quien aporte cualquier dato que permita su localizacin.
Mientras tanto, los operadores de redes de comunicaciones electrnicas seguirn encantados con este pas, en el que no existe forma legal alguna de cumplir obligaciones de extensin y cobertura definidas en un artculo inexistente.
Cmo impulsar hacia atrs la Sociedad de la Informacin
El ao 2007 acab con una inocentada, la Ley 56/2007, de 28 de diciembre, de Medidas de Impulso de la Sociedad de la Informacin, en la que se inclua una disposicin adicional segunda que puede considerarse tan inexistente por lo intil- como la transitoria quinta de que antes les hablaba:
El Gobierno, en colaboracin con las Comunidades Autnomas, impulsar la extensin de la banda ancha con el fin de conseguir, antes del 31 de diciembre de 2008, una cobertura de servicio universal de conexin a banda ancha, para todos los ciudadanos, independientemente del tipo de tecnologa utilizada en cada caso y de su ubicacin geogrfica.
Todo un brindis al sol. La disposicin de marras tiene tres prrafos ms, pero tan intiles como el precedente: a 31 de diciembre de 2008 las desigualdades de cobertura persisten en todo el territorio nacional. Los ejemplos son mltiples y sangrantes.
No es casualidad que Espaa est en el furgn de cola de la sociedad del conocimiento. Ni tampoco es casualidad que el anuncio poltico de la paralizacin legal de la banda ancha se hiciese en la sede de Telefnica.
Acciones judiciales frente a la publicidad engaosa
A la vista del galimatas jurdico en que se ha convertido nuestra legislacin de telecomunicaciones, nuestro internauta necesitara mucha fe en la justicia para iniciar un proceso basado en la Ley General de Telecomunicaciones, una normativa que hasta la fecha slo se ha revelado til para cercenar iniciativas ciudadanas.
Una alternativa a explorar reside en el artculo 4 de la Ley 34/1988, de 11 de noviembre, General de Publicidad, donde se define como engaosa la publicidad que de cualquier manera, incluida su presentacin, induce o puede inducir a error a sus destinatarios, pudiendo afectar a su comportamiento econmico, o perjudicar o ser capaz de perjudicar a un competidor.
El artculo 25.2 de la Ley General de Publicidad establece que cuando una publicidad ilcita afecte a los intereses colectivos o difusos de los consumidores y usuarios, podrn solicitar del anunciante su cesacin o rectificacin:
a. El Instituto Nacional de Consumo y los rganos o entidades correspondientes de las Comunidades Autnomas y de las Corporaciones locales competentes en materia de defensa de los consumidores.
b. Las asociaciones de consumidores y usuarios que renan los requisitos establecidos en la Ley 26/1984, de 19 de julio, General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, o, en su caso, en la legislacin autonmica en materia de defensa de los consumidores.
c. Las entidades de otros Estados miembros de la Comunidad Europea a las que alude elartculo 29.
d. Los titulares de un derecho o de un inters legtimo.
La accin de cesacin o rectificacin es compatible con el ejercicio de las acciones civiles, penales, administrativas o de otro orden que correspondan y con la persecucin y sancin como fraude de la publicidad engaosa por los rganos administrativos competentes en materia de proteccin y defensa de los consumidores y usuarios.
La tutela judicial civil del derecho fundamental a la igualdad y no discriminacin
Se ha abusado tanto de l que a veces lo olvidamos, cubierto como est de montaas de demagogia. ltimamente hasta lo han embadurnado de burocracia ministerial y le han puesto un apndice de gnero. Pero sigue siendo uno de los derechos que da sentido a la Constitucin:
Los espaoles son iguales ante la Ley, sin que pueda prevalecer discriminacin alguna por razn de nacimiento, raza, sexo, religin, opinin o cualquier otra condicin o circunstancia personal o social.
En la medida que las zonas rurales siguen siendo las grandes olvidadas por los responsables polticos de la Sociedad de la Informacin, est prevaleciendo una discriminacin. La peor: la que niega la esencia misma del principio de igualdad de oportunidades a los nios que crecen en distintas zonas geogrficas dentro del mismo Estado.
Cobrar el mismo precio por la mitad de servicio vulnera flagrantemente el derecho a la igualdad, y en consecuencia puede dar lugar a un proceso de tutela judicial civil de derechos fundamentales, cuya tramitacin tendr carcter preferente. Un proceso en el que de conformidad con lo dispuesto por el artculo 249 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, ha de ser parte el Ministerio Fiscal, cuya misin es promover la accin de la justicia en defensa de la legalidad, de los derechos de los ciudadanos y del inters pblico tutelado por la Ley.
Al igual que sucede en los supuestos de publicidad engaosa, en el proceso judicial civil instado para garantizar el derecho de igualdad, tambin podran ser parte las asociaciones de consumidores, y muy especialmente la Asociacin de Internautas.
Al piln 2.0.
Despreciar las zonas rurales puede ser muy peligroso, tanto para el Estado como para el Mercado. Sobre todo teniendo en cuenta la revolucin econmica que tenemos en marcha: una revolucin que se va a llevar por delante a millones de urbanitas intermediarios, absolutamente innecesarios para los productores rurales que puedan vender directamente sus productos a travs de Internet.
Pagar lo mismo por un servicio inferior puede acabar por soliviantar muchos nimos, y con ello quizs termine pasando lo que contaba Javier Krahe sobre las odiosas comparaciones entre Villatripas de Arriba y Villatripas de Abajo.
Vigilen las autoridades, que en mi pueblo son muy recios. Y a algn director general no le recomendara ir por ah inaugurando monumentos a la igualdad de oportunidades, sin cerciorarse previamente de cmo tienen el ancho de banda.
No vaya vuestra excelencia a acabar en el piln, matarilerilern.
(Elmundo.es)
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